La compañía de telefonía sostiene que la tarjeta -de la que se tenían un total de tres copias- no podía utilizarse en otro terminal que el contratado, y sin embargo se utilizó en el ordenador personal del edil, por lo que la tarifa plana quedaba anulada, y por lo tanto se le tarificó cada dato aparte. Que digo yo, ¿por qué simplemente la compañía no anula su uso si no se cumple el contrato? No, claro, eso no es comercial. Así pueden embolsarse tamañas cantidades, pero ese no es el asunto ahora.
La cuestión es, ¿qué diablos se bajó el edil para llegar a los 221GB de información? Suponiendo que te descargues una película a alta definición, eso no es más de giga y pico. Ponle dos gigas, lo cual no hace más de 60GB al mes. Yo creo que es eso lo que precisamente debería investigarse, y sin embargo es algo que no aparece en ningún medio. Y eso que aún no se ha declarado ningún secreto de sumario.
Creo que deberíamos hacer la siguiente reflexión: si ha sucedido en Burgos, ¿no debería investigarse el uso que se está haciendo de los datos en el resto de ayuntamientos españoles?¿Cuál es el gasto medio actual?¿Cuál debería ser el gasto normal?¿Qué otros ayuntamientos pueden estar superándolo?
